martes, 24 de noviembre de 2009

El rumor es cada vez más insistente:

Trichet y Ordóñez avisan del peligro de retrasar más la reforma laboral
Reducir la morosidad y corregir el déficit público exigen que se cree empleo - El Banco de España arremete contra las luchas políticas en las cajas de ahorros

La economía española encara un lustro perdido. Pero el mercado laboral español se enfrenta a un desafío aún mayor: la posibilidad de una década perdida en materia de empleo, con la tasa de paro avanzando a marchas forzadas hacia el 20%. A fuerza de repetirlo, el mensaje empieza a calar: el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alertaron ayer en Madrid de los peligros que entraña retrasar lo que a estas alturas resulta prácticamente inevitable: una nueva reforma laboral.

Zapatero admite que "hay que hacer muchas cosas" en el mercado de trabajo

"El ajuste no puede ser en términos de paro y más paro", declara Salgado

Gota o gota, el mensaje va abriéndose paso. Hasta el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reacio en principio a los cambios legales en el mercado de trabajo, admitió ayer la necesidad de reformas. "Hay que hacer muchas cosas", concedió, aunque consideró conveniente que se produzcan con acuerdo. El presidente espera que los contactos del diálogo social con la vista puesta en esa reforma se den en el primer trimestre de 2010.

Incluso los sindicatos avanzan en esa dirección. "UGT apoya cambios, pero para mejorar la situación de nuestro mercado de trabajo", aseguró el sindicato dirigido por Cándido Méndez al conocer las palabras de los banqueros centrales. "Pero lo que en realidad quieren es apretar más las tuercas a los trabajadores", atacó.

A pesar del lugar común, la flexibilidad del mercado laboral español es extraordinaria. Pero no va en la dirección correcta: el sistema crea mucho empleo cuando la economía va bien, pero lo destruye a toda velocidad en tiempos de crisis. En opinión de Trichet, esa montaña rusa exige cambios inmediatos, reformas estructurales "que no se pueden evitar ni posponer". "La carga de la crisis ha caído de manera desproporcionada en los trabajadores temporales", mientras los fijos apenas han sufrido "pequeños ajustes". En el futuro, "la flexibilidad salarial tendrá que ser más amplia", destacó en la clausura de unas jornadas organizadas por la Asociación de Mercados Financieros.

El Ministerio de Economía traslada esa amplitud al ámbito de la negociación colectiva. "Los acuerdos en los convenios deben ser capaces de realizar una adaptación en cada empresa a las condiciones económicas de cada momento", explicó ayer la vicepresidenta Elena Salgado en unas jornadas de The Economist. "El ajuste no puede ser en términos de paro y más paro: debe incluir la posibilidad de variar las horas de trabajo e incluso en salarios", indicó. En plata: permitir rebajas de jornada y de sueldos a cambio de no despedir.

Para Fernández Ordóñez, la reforma no sólo es necesaria para afrontar el paro, sino también para solucionar otros problemas acuciantes: el déficit público. "La viabilidad de cualquier estrategia de consolidación presupuestaria [es decir, de rebajar el déficit] depende de que la economía adopte un patrón de crecimiento generador de puestos de trabajo", explicó ante la Comisión de Presupuestos del Senado.

Crear empleo, en opinión del gobernador, requiere cambios profundos en la normativa laboral. Ayer sólo apuntó en dos direcciones, y dejó fuera la bajada de los costes del despido, cuya mención desató una oleada de protestas hace unos meses: "Resulta necesario innovar en las modalidades de contratación con el fin de facilitar al máximo la creación de puestos de trabajo. A su vez, la negociación colectiva debe reformarse para permitir que la organización interna y los costes laborales se adecuen a la situación específica de cada empresa", dijo, en línea con la ministra Salgado.

Fernández Ordóñez lleva recitando ese soniquete varios meses, una actitud que le ha granjeado duras críticas por parte de los sindicatos e incluso desde algunos flancos del Gobierno. Ayer, tras comprobar que las posiciones de los agentes sociales ya no son tan antagónicas, sacó pecho: "Estoy contento con los cambios que ha habido este mes".

Pese a esta aparente felicidad, no se olvidó de los ataques de los últimos tiempos. A su juicio, la recuperación del mercado laboral, que pasa por su reforma, es clave para que los problemas del sistema financiero no se agraven, dada la relación directa entre paro y morosidad. Fernández Ordóñez dio así la vuelta a uno de los argumentos con los que más se le ha atacado en los últimos meses: ocuparse de asuntos que le quedan lejos (empleo) y no de los que tiene en su patio trasero (la reestructuración del sistema financiero).

Solucionar esos problemas pasa también por arreglar la situación de las cajas de ahorros. Y a este respecto, Fernández Ordóñez lanzó ayer una clara advertencia: "Las disputas políticas cuestan dinero a los contribuyentes; también la mala gestión", algo en lo que, de nuevo, coincidió -con matices- con la vicepresidenta Salgado. Con esas palabras respondía al senador popular Francisco Utrera, que pidió detalles sobre la absorción de Caja Castilla La Mancha. No los dio. "No procede hablar de una operación concreta", se despachó. La entidad manchega ha sido protagonista de las "disputas políticas" que citó el gobernador, pero no es la única. En pleno proceso de concentración del sector, entidades como Caja Madrid o la CAM presentan escenarios similares, con las cartas muy marcadas por los equilibrios políticos.

Fernández Ordóñez defendió el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuestionado desde Bruselas. "Es una buenísima ley", definió. La aprobación de esta norma, dijo, ha estimulado la reordenación del sector: "Si hoy leen la prensa verán que 15 o 20 cajas buscan soluciones [a sus problemas]", afirmó. Ese impulso llega en parte por el temor de los responsables autonómicos y de los gestores de las cajas a tener problemas mayores, que acaben con la intervención del Banco de España, lo que les deja sin margen de maniobra.

(Noticia extraída de El País)

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